Siete informes, siete libros, ha hecho el Capítulo Venezolano del Club de Roma desde 2003, siempre con el lema del Club de pensar globalmente y actuar localmente. María Ramírez Ribes compiló los cuatro primeros; seguida por John Magdaleno y Karl Krispin, el actual presidente del Capítulo. El séptimo, que acaba de salir coeditado con la Universidad Monteávila, está a cargo de la economista Anabella Abadi, colaboradora de este medio, y se titula La Venezuela que queremos: ¿dónde estamos y adónde queremos llegar? 

Anabella arranca con tres preguntas que son claves: “En el país hay mucha discusión en torno a un posible cambio político y distintos planes para una recuperación. Pero creemos importante preguntarnos: ¿qué implica esa llamada recuperación? ¿Deberíamos apuntar a una recuperación, al desarrollo o ambos? ¿O será que el término a usar debería ser ‘prosperidad’ como una forma de englobar las distintas aspiraciones?” Al usar el índice de prosperidad del Legatum Institute “Buscamos brindar”, escribe Anabella, “una guía de vuelo para la discusión de importantes temas a tenerse en cuenta al imaginar la Venezuela que queremos: estabilidad económica, ambiente de negocios, gobernanza, educación, salud, seguridad ciudadana, libertad personal y estado de derecho, capital social, entorno natural, inversión extranjera”.

A continuación, apuntes sobre cada uno de sus artículos, hechos para aguijonear la curiosidad de los lectores hacia este libro, disponible en librerías en Venezuela (Tecni Ciencia Libros en todo el país; El Buscón, Sopa de Letras, Vizcaya y Kalathos en Caracas; El Clip en Barquisimeto) y próximamente en Amazon.com.

“Economía en Venezuela: diagnóstico y recomendaciones”. Ronald Balza Guanipa

Balza resume en unas pocas páginas la situación económica y el Plan País en cuanto a sus tres líneas de atención a la emergencia humanitaria, estabilización económica y reformas estructurales. Este modelo se apoya en reactivar el emprendimiento, y en un Estado que entrega activos y competencias a la sociedad. El BCV es autónomo, el control del cambio y los subsidios indirectos ya no existen, y hay un presupuesto nacional para reducir la inflación, acabar con el financiamiento monetario del gasto público por parte del BCV y conseguir asistencia financiera para la reducción de deuda. Aquí no se recomienda la dolarización sino la “cocirculación de monedas”, ni tampoco el desmantelamiento del Estado como respuesta al megaestado chavista. “La transición económica en Venezuela no es sólo de la economía centralizada a la economía de mercado”, escribe Balza, “es la transición del Estado frágil al Estado funcional”.

“Gobernanza democrática y partidos políticos”. Guillermo Aveledo Coll

Aveledo Coll sostiene que pese a la evidente crisis de representatividad y todas las críticas hacia los partidos, estos siguen siendo el vehículo para dotar a un sistema político de una visión general y su preeminencia debe ser defendida, más aún en el escenario de una transición pactada. De hecho, si la transición es pactada es probable que la manejen los partidos. Restaurar el sistema plural de partidos es esencial para reconstruir la democracia y para evitar el regreso al autoritarismo. Aveledo propone lo que la reconstrucción democrática debe contemplar a efectos de los partidos: reconocimiento pleno de los derechos de asociación y organización por parte del Estado; autonomía partidista y organizativa; renovación y responsabilidad regular del liderazgo; reconocimiento de particularidades (regionales, sectoriales); asunción de nuevas dinámicas sociales; y transparencia organizacional. O sea, varias de las cosas que ya se les pedía en 1989. Cierra con dos advertencias: hay que moderar la conflictividad para que esto funcione, y esto no puede ocurrir si no hay restauración del orden público, del Estado de derecho y de la productividad económica.

“La educación en Venezuela, algunas realidades y perspectivas”. Luis Bravo Jáuregui y Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco

Este texto de 2018 defiende otro cambio de modelo, retormar la histórica asignatura pendiente de reducir la desigualdad mediante la educación, que también debe servir a la civilización democrática. La propuesta, que parte de la Constitución de 1999, además de rescatar los planteles defiende restaurar el valor del trabajo docente, la descentralización y la despolitización, e integrar el Sistema de Orquestas al sistema educativo nacional para la Básica. Ve la universidad como puntal del desarrollo sostenible, clama por el rescate del INCE y un Proyecto Pedagógico Nacional; por una guerra frontal al hambre, la inseguridad y la insalubridad en la escuela; políticas para necesidades especiales de chamos; repensar las misiones; y la integración con el sistema científico y tecnológico.

«¿Por dónde comenzar a reconstruir el sistema de salud venezolano?» Juan Carlos Gabaldón

¿Qué sería necesario para convertir un sistema sanitario crónicamente disfuncional en uno que sí funcione? Lograr esto es incluso más difícil de lo que suena, pero hay una serie de pasos fundamentales que seguir: reunir información (boletín epidemiológico regular, estadísticas de VIH y antirretrovirales), tener como prioridad salvar vidas (abordar los problemas más graves con estrategias de bajo costo y alta eficiencia, usando ayuda humanitaria internacional), y emprender la reconstrucción de un sistema roto mediante una política de Estado a largo plazo, con el objetivo de garantizar acceso a los medicamentos y a la salud entre cinco a diez años. Hay que mejorar el acceso de las comunidades a los servicios de salud, crear incentivos para los trabajadores sanitarios y construir instituciones que fomenten y faciliten la integración de las comunidades en el mantenimiento de su propia salud; las organizaciones comunitarias pueden apoyar al sistema de salud en la vigilancia epidemiológica y la distribución de alimentos. Hay que tumbar los costos de salud para el usuario. Que los pobres se atrevan a ir al hospital, que los que pueden pagar algo, puedan tener una alternativa privada accesible también. Todo esto requiere financiamiento externo masivo.

«Una propuesta de seguridad ciudadana basada en la corresponsabilidad institucional y comunitaria». Roberto Patiño (coordinador)

El crimen puede ser entendido en dos categorías generales que se basan en sus motivaciones: crimen organizado, que tiene una lógica de lucro, y crimen expresivo, vinculado a lógicas sociales y psicológicas. Este capítulo presenta un diagnóstico y propuestas vinculadas a los crímenes expresivos, que se concentran en pocos lugares y pocas personas, y deben ser prevenidos y enfrentados en corresponsabilidad entre las instituciones y las comunidades, y no con “políticas de mano dura, uno de los indicadores más palpables que explican la relación entre pérdida de la institucionalidad y aumento de la criminalidad en Venezuela”. Esta propuesta plantea tres ejes de intervención: defensa nacional y lucha contra el crimen organizado, reforma legal y penitenciaria, y seguridad ciudadana. Necesitamos estadísticas transparentes, depurar los cuerpos, sacar a la GNB de las labores policiales en la ciudad, crear unidades para violencia de género, ganarse a las madres de los barrios es vital, e integrar a la gente que sale de la cárcel para que se eduque y trabaje, acompañarla. La intervención en edades tempranas es clave: atacar desnutrición, desescolarización y embarazo adolescente. “Los hogares y el modelo de Alimenta la Solidaridad, donde los ciudadanos son beneficiarios e interventores, se debe extender”. Un Centro Nacional de Reparaciones Individuales y Memoria Colectiva podría manejar proyectos comunitarios, justicia de reparación y registro de violaciones de DDHH. El tercer eje es la conexión y planificación urbana: reducir el aislamiento y la impenetrabilidad del barrio. 

“Libertades y Estado de Derecho en Venezuela”. Jesús María Casal Hernández y Juan Alberto Berríos Ortigoza

Este ensayo explica una a una las brechas entre libertad en el papel, en la CRBV, y la pŕactica de cercenamiento de todas nuestras libertades, y establece que hay que devolverlas a la ciudadanía para que participe en la vida nacional, en todos sus ámbitos, de manera plena y productiva. Propone rediseñar las instituciones, reforzar los controles y contrapesos, y ciertas revisiones constitucionales: suprimir la reelección indefinida, reconstruir el federalismo desde el rescate de la AN,  extirpar el estado comunal y abrir camino a la justicia restaurativa, entre varias otras. “La reivindicación de la libertad”, escriben estos juristas, “es un reclamo histórico que hoy debe priorizarse para superar la emergencia humanitaria compleja, y luego, establecer una institucionalidad cuyo propósito fundamental sea el respeto, la garantía y la protección de las diversas manifestaciones de la libertad, así como del conjunto de los derechos humanos. Este planteamiento exige un compromiso político”.

“La reconciliación (como condición básica) y la corresponsabilidad (como condición de posibilidad) para alcanzar la cohesión social”. Víctor Guédez

Guédez desmenuza las dimensiones, o los pliegues, como él dice, de lo que significa aceptar al otro, tolerar al otro, reconciliarse con el otro, convivir con el otro y hasta trabajar con el otro con un propósito común: “La transición que reclama Venezuela debe acometer las acciones que aseguren “Cuatro R”, como son: la Reconciliación, la Reinstitucionalización, la Recuperación económica y la Reorientación de los valores éticos, sociales, productivos y democráticos. Sin la primera “R”, relativa a la reconciliación, sería imposible la consecución de las “R” subsiguientes. La reconciliación surge, entonces, no solo como un asunto de principios, sino como un tema de inteligencia, ya que está atado a la propia idea de subsistencia. Solo podrá soñarse en un país a partir de una anhelada convivencia que atienda como condición de base a la reconciliación”. 

“La conversión de los Consejos Comunales en activo de Capital Social para la reconstrucción de Venezuela”. Isabel Pereira Pizani

Este fue el ensayo que más me reveló cosas que no sabía. “Con la creación de 46.434 Consejos Comunales el régimen de Hugo Chávez realizó el mayor experimento social nunca efectuado en Venezuela, no alcanzado por ningún partido político”. A pesar de ser creados como instrumento político para la implantación del socialismo, dice Isabel Pereira, “los consejos comunales han elegido representar las aspiraciones de los ciudadanos y en esta vía convertirse en actores de la profunda conflictividad social que reina hoy en Venezuela. Dadas la virtual desaparición de los partidos políticos tradicionales y el afán centralista del partido único de gobierno, que no ha estimado lo suficiente el acompañamiento de las comunidades en los momentos críticos vividos durante los últimos 20 años, constituyen la única forma de organización con cobertura en todo el territorio nacional”. Pereira propone reformar la ley para desvincularlos del Estado y la presidencia, y conectarlos con gobiernos regionales, locales, concejos municipales, y hacerlos triangular objetivos comunes con gobiernos locales y empresas.

“El entorno natural y la crisis venezolana”. Arnoldo José Gabaldón

“Si se produce el cambio político que aspiramos, no puede ser para que nos ocupemos exclusivamente del crecimiento futuro del PIB (producto interno bruto) y del control de la inflación”, advierte nuestro primer ministro del ambiente, quien lleva años insistiendo en que no hay desarrollo económico sin salubridad ni preservación de la base de recursos naturales. Gabaldón dice que la derrota de la emergencia humanitaria pasa por rehabilitar con urgencia los sistemas de agua potable y saneamiento y por resolver el problema de los desperdicios, y que la seguridad alimentaria y la provisión de energía requieren del buen manejo de los suelos y del agua. El desastre ambiental está detrás de la falta de agua, de luz y de calidad de vida, y es básico para la recuperación económica, no solo por el turismo. No basta con tener playas bonitas. La gente necesita parques, barrios y pueblos y ciudades habitables, una agricultura que no destruya la tierra y las aguas. La gente necesita dejar de talar los bosques por leña, destruyendo biodiversidad y capacidad hídrica. Y por supuesto, hay que detener ese horror del arco minero y sembrar al menos nueve millones de hectáreas de especies forestales adecuadas. 

“Inversión extranjera en Venezuela: diagnóstico y algunas ideas para la discusión”. Anabella Abadi y Carlos García Soto

Todos sospechamos que sin IED (inversión extranjera directa) no podremos reconstruir la economía venezolana. Abadi y García Soto citan el estudio de Richard Obuchi, Bárbara Lira y Daniel Raguá para enfatizar que una política de promoción de inversiones debe ganar credibilidad con resultados rápidos mediante medidas que reduzcan de inmediato la inseguridad jurídica para invertir; restituyan los sistemas de precios y el funcionamiento de los mercados; mejoren el equilibrio en las relaciones laborales; mejoren la provisión de infraestructura y servicios públicos (particularmente electricidad), y reduzcan la delincuencia. Como el actual ordenamiento jurídico nacional genera pocos incentivos a la inversión privada, nacional y extranjera, “es indispensable generar un ambiente de confianza en el que se cumplan los acuerdos y se disminuyan de manera efectiva las trabas burocráticas. Además, se debe reconocer a los inversionistas extranjeros como aliados y darles claras garantías de protección de sus derechos”.

“El Arbitraje Internacional de Inversión y la Justicia supranacional”. Luis Andrés Guerrero Rosales

El último artículo del informe tiene que ver con el que lo precede: los acuerdos internacionales y nuevos mecanismos internos de negociación y arbitraje pueden ayudar a construir el ambiente de negocios, previa delegación de facultades por parte de un poder judicial que estará ocupado en demasiadas cosas urgentes, entre ellas su propia reconstrucción. Guerrero Rosales traza una tradición de arbitraje desde la Constitución de 1830 hasta la de 1999, y hasta la reversión del camino que venía haciendo el país para sumarse a las nuevas figuras de arbitraje que se han desarrollado en la región. Hay que invertir la tendencia de los años chavistas de usar argumentos soberanistas para quitarse de encima los compromisos que estorban su agenda de expropiaciones y su negativa a rendir cuentas. Más arbitraje contribuirá a más inversión.