Alemania rescata a Adidas con 2.400 millones de euros. La Reserva Federal de Estados Unidos desembolsa 300.000 millones de dólares para apoyar a empleadores y consumidores. Japón dice gomenasai y anuncia la entrega de 930 dólares a cada residente.

Tres de las cuatro primeras economías del mundo muestran que, en época de crisis, el Estado también salva. Mientras tanto, en Venezuela, el empresario Jorge Roig —presidente de Fedecámaras entre 2013 y 2015 y miembro del consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— mira a la empresa privada ante la agudización de la crisis económica por la pandemia del Covid-19, y dice que “estamos solos”. Es más, el Estado, lejos de fungir como aliado, se vuelve por vez enésima contra los engranajes oxidados del desfalleciente motor económico nacional. “Estamos aislados por la crisis de legitimidad del mismo gobierno. Los fondos más cercanos son los del Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, y si pudiéramos acceder a ellos, igual son pequeños para atender toda la crisis en América Latina. Hasta ahora el único país que ha recibido esta ayuda ha sido Honduras, y fueron apenas 14 millones de dólares. El único fondo con liquidez suficiente es el Fondo Monetario Internacional, pero no tenemos acceso a él por las mismas razones”. 

Mientras tanto, las perspectivas económicas, productivas y laborales del mundo están cambiando, y nosotros seguimos negados a ver que el hecho productivo requiere de acuerdos mínimos para garantizar el movimiento. Más que la pandemia, es la inquina de quienes aún se aferran al poder lo que frena sobre sus hierros la rueda económica.

¿Qué es Venezuela productivamente hablando en este momento?

Hay un antes y un después de la pandemia, que vino a agravar el ya deteriorado aparato económico. Junto a un gobierno sin capacidad alguna para otorgar ayudas fiscales, sin poder apoyar a los más vulnerables, hay un país monoproductor rentista petrolero que enfrenta una caída de los precios del crudo (además de las sanciones), y un aparato industrial destruido, que en 15 años pasó de tener  12.000 empresas a unas 2.000. Solo el año pasado cerraron 400 industrias en Venezuela. Y en este contexto imponen una cuarentena que, si bien tiene razones sanitarias, económicamente es insostenible: el 60 % de los trabajadores en Venezuela son informales, y me refiero a todo aquel que no paga impuestos ni está en el sistema de seguridad social… un millennial, por ejemplo, que trabaja desde su casa para otro país y gana en dólares. Es un nuevo concepto de informalidad mundial, pero que en Venezuela tiene sus agravantes.

¿Por qué se rompe esa pequeña paz del gobierno con el empresariado nacional que permitió la reactivación de la producción de alimentos y productos de primera necesidad?

Si bien por mucho tiempo dije, hace años, y fue bastante polémico, que el sector privado era un parásito del gobierno, hoy podemos decir que es el gobierno el que es un parásito del sector privado. Uno de los pocos ingresos que tienen es a través del oro que viene de Guayana, en unas condiciones bastante turbias. Eso hace que dependan casi exclusivamente del sector privado porque es el que garantiza la producción, genera remesas, empleos y paga impuestos. Eso ha llevado a una dolarización caótica en Venezuela, en la que sigue habiendo leyes que contradicen ese hecho económico, pero que el gobierno ignora, porque depende de la producción del sector privado. Ahora vuelven al populismo al recordar esas leyes de control, lo cual es peligrosísimo para el país, porque el sector privado es el único que está produciendo; si esas medidas se mantienen traerán más escasez e inflación. Hay otros caminos para atender la crisis económica, y ninguno pasa por los controles, una amenaza tangible y real a la producción. Controlar los precios y los canales de distribución es absolutamente inmoral para un sector que ha demostrado que es el único que sabe producir. Además de eso, las empresas básicas de Guayana están en el piso. La gente cree que las empresas básicas son de la región solamente, pero su parálisis afecta a toda la cadena de producción. No se pueden hacer laminados, no se procesa acero, ni hierro, ni aluminio, y por tanto no hay hojalata para producir enlatados, ni material para las cercas del ganado.

Con un parque industrial como cementerio, una minería ilegal cercada internacionalmente, y una microeconomía que ahora enfrenta controles, ¿qué luces pueden verse para Guayana en el corto plazo?

La idea de producir materia prima no es viable en el corto y mediano plazo por la poca factibilidad, y en el largo plazo, si las empresas logran reactivar la producción, quizás se encuentren con una realidad mundial muy distinta. Hay que plantear una alternativa diferente para Guayana. Es una discusión que ya hay que dar sobre cuáles serían sus nuevas vocaciones productivas hacia el futuro.

Hace años afirmaba que sectores como el del aluminio deberían privatizarse. ¿Mantiene su postura?

El tema de la privatización es muy sensible políticamente hablando, porque hay gente que piensa que privatizar significa que van a regalar las plantas, aun cuando realmente tengan un valor muy bajo. En su lugar creo que lo más viable en el futuro sería una asociación mixta entre el Estado y el sector privado para la reactivación de esas empresas. Además, creo que una minería organizada, legal y responsable con el ambiente puede ser una opción para Guayana. Permitiría la reactivación económica de la zona, pero debe hacerse dentro del marco de la ley. No el desastre que estamos viendo ahora.

También hay que evaluar la relevancia de un parque industrial de este tipo ante las dinámicas económicas mundiales de las próximas décadas.

Sí. Incluso voy más allá: ¿quién va a estar interesado en producir aluminio o acero si no tiene garantizado el servicio eléctrico? Si Venalum arranca completa, deja sin electricidad a Caracas. Cualquier plan pasa por garantizar las condiciones mínimas para la productividad.

Una economía cuartelaria

El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, se reunió con comerciantes chinos, a quienes propuso que redujeran su margen de ganancia con el argumento de que «no pueden guiarse por el dólar paralelo» y que todos sus costos operativos los pagan en bolívares, incluyendo el pago a sus trabajadores. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Los militares creen que la economía se maneja como un cuartel, en el que ellos dan órdenes y se les obedece. Pero la economía se rige con las fuerzas del mercado principalmente; la regulación no ha dado nunca ningún resultado positivo. El tema es estimular la competencia. Cuando hay una variedad de marcas de un mismo producto en los anaqueles la última palabra la tiene el consumidor, quien decide cuánto está dispuesto a pagar; ahí las marcas compiten con precios. Pero para que haya competencia debe haber suficiente oferta. Con una sola marca no hay posibilidad de competir ni de abastecer a toda la población, y la voz cantante la tiene el productor. A Noguera también se le olvida que la materia prima la pagamos en dólares, a los proveedores se les paga en dólares y otros costos ocultos también están dolarizados, como la seguridad. ¿Cómo pagas un servicio de seguridad para llevar una mercancía o una materia prima para evitar que te atraquen? La gasolina ahora cuesta hasta 2 dólares el litro, la más cara del planeta, y es imprescindible para llevar productos a los anaqueles. Los puentes y las carreteras dañan los vehículos y hay que repararlos en dólares. Los servicios de mantenimiento de los equipos los pagas en dólares…

Eso me lleva de nuevo a la trajinada idea de la dolarización, ya no caótica, sino definitiva e institucionalizada en el país. ¿Es viable para aliviar al sector privado y que pueda producir plenamente?

Mientras no haya un BCV autónomo y con disciplina fiscal no habrá dolarización que funcione. Necesitamos una unificación cambiaria que permita sincerar el hecho económico, pero también un banco central que no imprima dinero inorgánico y que regule el gasto público. Sin eso no habrá fórmula económica que nos permita avanzar.

El país desde la universidad

Volviendo a Guayana: ¿Qué iniciativas considera pueden gestarse desde las universidades como pilar de la sociedad del conocimiento para reactivar la productividad?

Lo que acabas de decir es clave: la sociedad del conocimiento avanza a un ritmo tan vertiginoso que no sabemos cuál realidad laboral mundial que tendremos en tres años. Habrá puestos de trabajo para los que todavía no hay una formación universitaria. Muchas profesiones desaparecerán: hay programas que te llevan la contabilidad de tu empresa, otros que analizan riesgos, que podrán administrar sin ningún problema… Las universidades no pueden seguir graduando abogados que terminarán ejerciendo algún oficio que no requiere cinco años en una universidad. Debe haber un nuevo pacto entre las universidades y el sector empleador para pensar en esa nueva dinámica laboral. 

Hay un parque universitario que está formando profesionales basados en el modelo de las empresas básicas, cuando probablemente estas no vuelvan a ser protagonistas en la dinámica regional.

Y ni siquiera los está formando a todos. Creo que Guayana puede repensar su visión económica y laboral migrando a otras tendencias como la informática, la robótica, especialización en algoritmos y big data y formar a profesionales en esas áreas. Incluso ahora cobra mucha más importancia las llamadas “habilidades blandas”, aunque no me gusta mucho ese nombre: capacidad de oratoria, de trabajar en equipo, adaptarse a las dificultades, trabajar desde su casa…. eso está siendo tanto o más importante que la formación tradicional que se imparte en las universidades.

De hecho, The New York Times buscaba recientemente un adjunto a la jefatura de redacción, y en los requisitos precisaban que no necesariamente debía tener un título universitario.

Ese es un ejemplo de lo que está ocurriendo y que lo veremos con más fuerza en el futuro. Es un ejemplo de un trabajo para el que no hay una formación académica todavía. Ese mensaje es claro: queremos a alguien que esté dispuesto a aprender algo completamente nuevo.