La ONG zuliana Azul Positivo tiene 16 años de labor a beneficio de las personas con VIH, a través de la educación sexual y la dotación de insumos en comunidades vulnerables del Zulia. En 2020 realizaron 999 pruebas de VIH, y atendieron a más de 9.000 personas en 9 municipios del Zulia. Pero dentro de la ofensiva contra medios y ONG con que el régimen de Maduro inició 2021, detuvieron a cinco trabajadores de Azul Positivo y los imputaron por los cargos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La sede de la organización en Maracaibo, especializada en la prevención y atención de VIH y enfermedades de transmisión sexual, fue allanada el 12 de enero por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Luego de que los encarcelaran, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia y exigió su liberación a las autoridades de Nicolás Maduro. Luego los activistas empezaron a presentar síntomas de covid, y para el día de hoy no han sido liberados pero están en un centro médico privado bajo observación.

Son varias las ONG que han sido objeto de persecución en Venezuela en los últimos meses. Pero en enero de 2021 ha resaltado la hostilidad contra activistas y trabajadores humanitarios que se ocupan de defender los derechos sexuales y reproductivos.

“Si bien su detención no está relacionada con su activismo en ese ámbito, lo cierto es que esta medida afecta la promoción de derechos sexuales y reproductivos en la región zuliana”, declaró Juan Berríos, coordinador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), sobre el encarcelamiento de los activistas.

Un caso de quiebre

Tan solo 24 horas antes, en Mérida, a la activista Vanessa Rosales se le concedió arresto domiciliario, después de tres meses encarcelada en la sede local del Cicpc, estancia que no cuenta con las condiciones para albergar detenidos por períodos largos. 

El proceso contra Rosales comenzó en octubre de 2020 y ha estado lleno de irregularidades  desde el comienzo, la defensa no pudo acceder a su expediente y no se cumplieran los tiempos de debido proceso. El hogar de Rosales, activista, profesora y trabajadora social, fue allanado el 12 de octubre de 2020 sin una orden judicial. Se le acusó de brindar información y medicamentos a una niña de 13 años que había quedado embarazada producto de una violación y deseaba interrumpir la gestación. Fue sentenciada por agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido en una adolescente. El hombre acusado de violar a la menor de edad sigue en libertad. 

Durante su estancia en el Cicpc fue víctima de abuso psicológico por parte de los funcionarios, donde además se le negó su medicación diaria. Tenía prohibidas las visitas de sus abogados y familiares. La madre de la adolescente también fue detenida, pero tres semanas después se le asignó una medida cautelar por estar la mujer está en período de lactancia. 

“Este es el país donde meten presos a los defensores pero liberan a los delincuentes”, afirma Venus Faddoul, directora de la organización 100% Estrógeno, quienes han hecho un seguimiento cercano del proceso penal. “El caso de Vanessa es un punto de quiebre porque sabíamos como activistas que iba a entrar en el debate público.”

La defensa de Rosales hizo lo posible por comunicarse con las autoridades para conocer los detalles del caso antes de hacerlo público, pero ante la falta de respuesta, activistas de todo el país tomaron las redes sociales con la etiqueta #JusticiaParaVanessa, exigiendo su liberación y que se eliminaran los cargos. 

El caso Rosales también abrió la conversación en redes sociales sobre las leyes relacionadas con el aborto en Venezuela, que no han sido actualizadas desde 1873, aunque el gobierno se autodenomine “feminista”.

Durante la detención de Vanessa Rosales, Argentina aprobó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, uniéndose a Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Guyana y algunos estados de México en la legalización de este procedimiento.

América Latina sigue siendo una de las regiones más restrictivas en cuanto al aborto, y en Venezuela no es permitido ni siquiera en casos de violación. Una modificación del 2006 aprueba la interrupción de la gestación si la vida de la embarazada corre riesgo, y la pena es reducida si “el autor del aborto lo hace para proteger su honor o el de su madre, hija, hermana o esposa”. 

Contra todas las ONG

El Estado venezolano, que en un reporte reciente de la ONU es declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, ha atentado ferozmente contra las organizaciones civiles en general desde hace más de cinco años, en especial contra las más visibles y las que más impacto causan en sus denuncias sobre las condiciones en que vive la población. Este es el caso de las ONG relacionadas a servicios de salud sexual y reproductiva, que se han multiplicado debido al colapso del aparato de salud venezolano.

En 2019, el gobierno suspendió el registro de ONG, asociaciones civiles y fundaciones en todo el país. En diciembre del 2020, Diosdado Cabello retomó su discurso sobre la intención de prohibir el financiamiento internacional a organizaciones civiles nacionales, amenaza que ya había sido debatida en la Asamblea Nacional en 2015.  

Venezuela presenta un 100% de desabastecimiento de las medicinas para el tratamiento de infecciones oportunistas asociadas al SIDA, según datos de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), quienes además denuncian que a las farmacias llegó un número importante de antirretrovirales vencidos que habían sido donados previamente por el Fondo Global, lo que incumple el marco legal venezolano. 

Luisa Kislinger, de Mujeres en Línea, afirmó en la presentación de la Guía para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ante el sistema interamericano, en 2018, que “el país ha retrocedido al siglo XIX en materia de derechos sexuales y reproductivos”. Así mismo, de acuerdo con la investigación realizada por Cepaz junto a otras organizaciones en el informe Mujeres al Límite: «El peso de la emergencia humanitaria. Vulneración de derechos humanos de las mujeres en Venezuela”, desde 2013 la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela ha venido en aumento, debido a la escasez y desabastecimiento de medicamentos, anticonceptivos e insumos hospitalarios, así como la falta de acceso a métodos de protección y prevención eficaces, asequibles y seguros. 

Es todo un patrón, un sistema que, por omisión o por acción directa de las instituciones controladas por el régimen, afecta las vidas de los venezolanos, y sobre todo de las venezolanas. Entre las leyes restrictivas, la pobreza menstrual, la violencia de género y el hecho de que la crisis humanitaria impacta más a las niñas y a las mujeres, los acosos contra organizaciones como Azul Positivo y contra activistas como Vanessa Rosales, solo agravan el problema.