En Venezuela, al Código Penal de 1897 ―copia casi exacta del código penal italiano de 1889, conocido como código de Zanardelli― le siguieron los códigos de 1904, 1912, 1915 y 1926. Este último es el que está vigente. Sus dos reformas en junio de 1964 y julio de 2000 intentaron establecer un ordenamiento jurídico en el contexto social venezolano capaz de mantener el equilibrio entre las garantías ciudadanas y el poder punitivo del Estado. Pero no fue posible del todo. 

Así que el Código Penal venezolano, promulgado durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, sigue siendo un código del siglo XIX vigente en el siglo XXI sin reformas integrales para su actualización y aplicabilidad, y acompañado de un incremento de leyes orgánicas y especiales que terminaron derogando su función esencial de normativa penal. En 2003, estaban dispersas al menos ochenta leyes con novecientas normas con tipos y principios penales.

“Esto explotó en los últimos veinte años con una proliferación normativa asombrosa. Ahora para todo hay una ley penal especial, así que tenemos leyes y principios contrapuestos, superpuestos u opuestos”, advierte Fernando Fernández, abogado penalista especialista en derechos humanos, expresidente del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela y autor, entre otros libros, de Crímenes, delitos y faltas vigentes en Venezuela.

Con tan enorme dispersión normativa, que contribuye a nuestra enorme inseguridad jurídica, la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional chavista anunció la reforma del Código Penal. La redacción está en marcha y la encabeza la diputada Iris Varela. En julio será el primer debate, luego, la consulta popular y en noviembre, la segunda discusión.

A propósito de este delicado proceso legislativo, Fernández conversa con Cinco8 sobre las posibles implicaciones.

Una reforma del Código Penal parece ser necesaria, ¿o no?

Cuando se aplica esa modalidad de meter todas las leyes en una sola, tenemos lo que yo llamo “la ley embutido” o “la ley churro”, es decir, un Código Penal enorme de setecientos artículos sin hacer el trabajo que se requiere de mesura. Es un ejercicio complejo, los Códigos requieren unos principios generales y una exposición de motivos apropiados para que la gente interprete. Hay que tener la capacidad lógica y jurídica para meter todos los tipos penales que están dispersos en una sola norma y no tener variantes, porque se aplicarían penas distintas.

Una reforma también requiere tiempo, ¿qué esperar de una que agrupará alrededor de setenta leyes orgánicas en alrededor de seis meses?

Hay que ser muy críticos. En términos temporales, no se puede producir una reforma profunda de la segunda ley más importante de un país.

La Constitución te dice todo lo que tú puedes hacer, pero el Código Penal te dice todo aquello que no puedes hacer, porque vas a ser castigado. Eso no se resuelve en dos meses.

Además, están los problemas de legitimidad del órgano que proveería la reforma. Tengo la impresión de que se trata más bien de una cosa que va a ser una camisa de fuerza y muy orientado a castigar a quienes les interese castigar. Como se ha escrito mucho sobre el derecho procesal del enemigo interno, que es una interpretación errónea y hasta maliciosa de las normas draconianas de las leyes penales contra enemigos políticos, adversarios o simplemente quien opine lo contrario, puede que la cosa vaya por ahí.

En el debate para la redacción, se incorporó al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Supremo de Justicia…

No están todas las fuerzas políticas del país. Falta la fuerza de la oposición, porque la legitimidad se da cuando hay amplísima participación de todos los sectores políticos que tienen que aprobar. Están los actores que tienen en sus manos la operación y ellos tienen un conflicto de intereses. Esto tiene que ser tomado por parlamentarios que tengan independencia de criterios y que vayan a legislar objetivamente, y por supuesto, debe contar con los mejores expertos. En todos los grandes Códigos, sobre todo los europeos, siempre hay un equipo de expertos para consultas, porque la reforma de un Código Penal es la operación más delicada después de una Constitución, no es una ley administrativa o una providencia que se va a dictar sobre un reglamento. Son las prohibiciones fundamentales. Aquí se discutiría lo más profundo de la vida en sociedad.

Me parece que la inseguridad jurídica podría agravarse…

Decía Napoleón que lo más importante de la legislación de un país eran los Códigos, porque reúnen de forma sistemática las normas penales, civiles y mercantiles, y así cada ciudadano sabe qué está prohibido. Al haber tantas leyes diversas y dispersas compiladas en ochenta, noventa gacetas y no en una, con principios diferentes y con sistemas distintos de interpretación y aplicación, se pierden la simplicidad del lenguaje y el principio de legalidad, el cual se basa en la interpretación inequívoca de lo que significa un delito. Entonces, si el ciudadano no sabe cuál es el límite, a lo mejor se está cometiendo un delito y no lo sabe.

¿El ejemplo más grave de esto?

En el 2005, en lugar de incorporar las ideas del 2001, que era centrarse en los derechos humanos, tutelarlos y protegerlos, lo que se hizo fue empeorarlos, porque se crearon mayores desigualdades frente a la ley. Entonces hay casos que se mantienen igual desde hace décadas y casos nuevos que han empeorado en virtud de eso. Por ejemplo, está el delito de difamación e injuria, que siempre ha sido un delito de acción privada. Los modernos códigos penales dicen que tiene que haber falsedad en la información y un uso malicioso de esa falsedad para dañar la reputación de la persona de quien se habla, pero que todo el mundo tiene derecho a decir lo que son verdades. Aquí se mantiene la estructura idéntica de cuando se tipificó el delito en Italia bajo el régimen de la casa de Saboya, pero se aumentó la pena en doscientos por ciento aproximadamente, y ya se ve que quienes más utilizan ese delito son los funcionarios públicos… La incertidumbre también es política e institucional. Otro ejemplo, que es el colmo de todo esto, tiene que ver con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: nace en el 2005, se perfecciona y empeora en el 2012. Se creó una normativa que dice que los delitos propios de delincuencia organizada forman parte de esta ley y también los que están en leyes penales especiales, con lo cual se mete todo.

La reforma contempla la redacción de un cuarto libro dedicado a las jurisdicciones especiales, ¿será alguna manera de reforzar los delitos de traición a la patria, en contra de la soberanía nacional y la Ley contra Delincuencia Organizada…?

De acuerdo con la tendencia, también podría reforzar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Ya los delitos de traición a la patria y en contra de la soberanía nacional están en el Código Penal. No hace falta legislar sobre eso, no es lo que se necesita. 

¿Qué es lo que se necesita?

Debería hablarse de los delitos contra los derechos humanos y darles jerarquía de primeros capítulos: delito contra la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad general y, en última instancia, los delitos contra el Estado. El Código actual, por su ascendencia monárquica y tradición jurídica, empieza por los delitos contra el Estado, porque se entendía entonces que todos son libres, pero la libertad suprema está en el Estado como máximo representante de la libertad. Pero ahora, a partir del fracaso de los juicios de Núremberg, quedó claro que el Estado debe ser secundario ante la vida humana. Este cambio radical se quiere hacer desde el 2001.

¿Alguna propuesta para lograrlo?

Yo creo que debería haber un acuerdo entre los factores políticos para esperar una transición y, a partir de allí, elaborar un estudio concienzudo para un nuevo Código Penal que no debería tener más de trescientos cincuenta delitos.