“La idea es mutar la legitimidad del órgano y mantener en sus cargos como diputados, con todos sus atributos, a todos los que fueron electos en diciembre de 2015”. Así explicó la exmagistrada Cecilia Sosa Gómez el proyecto de Ley de Mutación de la Asamblea Nacional, que le permitiría continuar en sus funciones al único poder público con legitimidad popular que persiste en Venezuela y que tiene sus días contados: el 4 de enero de 2021 se cumple el lapso constitucional para el cual fue electo.

Horas antes, quienes tenemos acceso a las redes, leímos un acuerdo, con muy buena lógica jurídica, del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (cuya Escuela de Estudios Jurídicos cumplirá muy pronto 300 años), en el cual se concluye que ante las violaciones ostentosas de la Constitución por las parlamentarias convocadas por Maduro para el 6 de diciembre, se impone la continuidad constitucional de la legítima Asamblea Nacional y del Gobierno interino presidido por Juan Guaidó.

Estas propuestas son de carácter estrictamente jurídico, es decir, pertenecen a un dominio ideal, el orden jurídico. 

¿Y la política? ¿Y el poder real del sistema autoritario hegemónico de Maduro, como dicen los estudiosos de la ciencia política? 

Sin estado de derecho, no hay nada

Es frecuente escuchar a políticos, abogados y legos del derecho decir que las elecciones del 6 de diciembre no son elecciones, no existen, porque son inconstitucionales. Y tienen razón. Pero la tienen en el mundo de las ideas jurídicas, que desde hace mucho tiempo no se corresponde con el mundo real en Venezuela, el que padecemos todos los días, en el que los proyectos vitales se hacen trizas por el hambre, la enfermedad, la escasez de gasolina, los cortes eléctricos, la depresión y frustración que dañan la humanidad de los venezolanos.

En este momento, los debates jurídicos tienen interés académico y sirven para sostener la cultura jurídica que nos hemos labrado y que persiste de manera sorprendente, como lo ha descrito Carlos García Soto. Pero muchas veces son contraproducentes para tomar decisiones políticas acertadas en la Venezuela actual: aunque podrían inspirar decisiones con bases reales, no sirven por sí solas para solucionar problemas concretos y ser eficaces para generar cambios deseados en las relaciones de poder.

Las decisiones fundadas solo en el Derecho tienen eficacia en un Estado constitucional, pues si hay dudas sobre lo acertado o no de dichas decisiones están los tribunales para zanjar el problema, para darle la razón a quien la tiene y hacerla cumplir.

Es claro que en Venezuela no vivimos en un Estado constitucional, sino en un Estado autoritario, o para decirlo como les gusta a algunos politólogos: un sistema autoritario hegemónico no competitivo. Y así fue declarado por la Asamblea Nacional en el Acuerdo Parlamentario para el Rescate de la Democracia y la Constitución, del 13 de octubre de 2016, que da inicio en Venezuela a una disciplina nueva del Derecho Constitucional que podríamos llamar el Derecho de la Reconstrucción de la Constitucionalidad y la Democracia, muy útil ante la ola autoritarismo que recorre el mundo.

Y si había alguna duda sobre la alteración del Estado constitucional en Venezuela, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, declara la ruptura del orden constitucional el 31 de marzo de 2017, días antes del inicio de la rebelión popular de ese año, reprimida de manera brutal por Maduro.

Bellas decisiones en una realidad infernal

El derecho es un instrumento de la política en este momento y una vez que triunfe alguna opción opositora, se convertirá de nuevo en legitimador, racionalizador y estabilizador de esa conquista que tenemos como propósito los venezolanos. 

Hablar de la continuidad o no de la Asamblea Nacional y del Interinato, si se llegan a celebrar las elecciones del 6 de diciembre, no es un asunto jurídico, sino de naturaleza política, y no solo por lo polémico que resulta.  

¿Nos servirá para generar los cambios políticos, frenar el sufrimiento de los venezolanos y conquistar espacios para la democracia? ¿Servirá para fortalecer a la oposición democrática ante la previsible arremetida del sistema autoritario contra los diputados que “muten”, en los términos de la exmagistrada? ¿Nos condenará a una Asamblea Nacional entre la cárcel y el exilio? ¿Será útil?

Nuestro liderazgo se ha entrampado en debates jurídicos sin terceros imparciales (jueces) que decidan y sin fuerza para imponer alguna decisión, por muy hermosa que sea para la mentalidad jurídica.

Tenemos que hacer el esfuerzo de comprender y aprender (y desaprender).

El argumento de que la oposición no debía participar en las parlamentarias de 2005 se basó en la legitimidad como ideal jurídico que ha debido operar ipso iure, y no aportó nada a la lucha por contener el autoritarismo y abusos de poder del chavismo, sino que se convirtió en uno de los peores errores de nuestro liderazgo opositor. 

¿Recuerdan el abandono del cargo? Sesudos análisis jurídicos nos llevaron a “Declarar que Nicolás Maduro Moros, invocando el cargo de Presidente de la República, ha incurrido en acciones y omisiones que sitúan su desempeño completamente al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia de la República, en virtud de la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación y los atentados a la integridad de la República que ha llevado a cabo”, tal como reza el artículo 1 del Acuerdo parlamentario del 09 de enero de 2017. Y el artículo 2, establece: “Declarar, en consecuencia, y de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Constitución, que Nicolás Maduro Moros ha abandonado su cargo…” En el mundo ideal del Derecho, ese acuerdo estaba bien sustentado desde el punto de vista lógico jurídico, bien razonado, pero en el mundo real, político, carecía de eficacia y fue derrotado por la realidad, como siempre ocurre en esas peleas.

Pero cuando se puso de bulto con mayor notoriedad la fe ciega en el ideal jurídico, fue cuando se inició la investigación penal contra Maduro en el “Tribunal Supremo de Justicia legítimo”, constituido solo por los magistrados designados por la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2017, cuya integración era imposible, pero que algunos juristas justificaban por el estado de anormalidad constitucional que estábamos viviendo. 

Recordemos que hubo toda una movilización de la opinión pública, sobre todo la que milita en las redes sociales y en los portales gestionados desde el exilio, para que el 17 de abril de 2018, la Asamblea Nacional aprobara un acuerdo con el fin de autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por delitos de corrupción, y así se decidió y luego vino la sentencia del tribunal en el exilio, que lo declaró culpable, lo condenó a la prisión y ordena su arresto inmediato. Y nuevamente ganó la realidad política. Esa sentencia no tuvo ninguna consecuencia en las relaciones de poder realmente existentes.

Ahora regresamos al mundo ideal jurídico y nos proponemos fundamentar la prórroga  de la Asamblea Nacional, bien por continuidad constitucional o por mutación del órgano del poder público.  

Salvar lo que sí tenemos

Es cierto que debemos conservar las fuerzas acumuladas por la Asamblea Nacional.  El reconocimiento internacional, la preservación de activos del patrimonio de la República, la recepción de apoyo financiero para los sectores opositores y la resonancia del caso venezolano en la comunidad internacional, hay que conservarlos.  Pero, ¿debemos violar el principio democrático del parlamento y exponer a los diputados a la cárcel o al exilio? ¿No hay otra manera que permita conservar esas fuerzas y organizar la oposición de manera inteligente frente a un sistema que se consolida con el paso de los días? 

La oposición debe ejercerse en el territorio, conquistar espacios sociales, al lado de la Venezuela sufriente, y utilizar las fuerzas que se tienen para frenar el deterioro humano, para fortalecer la salud y bienestar de la sociedad, y poder seguir luchando por la libertad. 

El 6 de diciembre es una oportunidad para hacer política. Ya es tarde para participar, pero aún se puede presionar, llegar a acuerdos, para posponer las elecciones y conseguir las condiciones mínimas exigibles y posibles. No se trata de votar o no votar, se trata de luchar para votar y votar para luchar, como ha dicho Fernando Mires, y no seguir insistiendo en una fórmula (primero el cese de la usurpación o desplazamiento de Maduro y luego el Gobierno de Emergencia Nacional) para lo cual no se tiene fuerzas y que ha generado atajos militaristas y una ingenua creencia en la magia del pensamiento jurídico. 

En el mundo jurídico puro no hace falta gasolina para producir y distribuir alimentos, para movilizarse en caso de enfermedad, ni para trasladar alimentos a las ciudades.

Por eso —me decía un jurista muy cercano al Gobierno interino, a quien respeto mucho—, la Asamblea Nacional no puede acordar la importación de gasolina porque se convertiría en cómplice de la renta ilegal que reciben los militares que manejan el negocio y sostienen a Maduro. Esa forma de pensar es consecuencia de encerrarse en la pureza de la argumentación jurídica y desconectarse de la realidad, del sufrimiento de los venezolanos que no beneficia en nada la lucha por la libertad.

Tampoco en el mundo de los ideales jurídicos está permitido negociar con corruptos y criminales, quienes deben ser juzgados y encarcelados. En el mundo de la realidad política, ocurre todo el tiempo.

Tenemos que “mutar” la Asamblea Nacional y el Gobierno interino, sin duda, pero no para que continúen ejerciendo una función inútil, sino para que se convierta en la gran fuerza integradora del país, y luchar por todos los espacios posibles en el mundo real de la política, en el barro humilde de la realidad, llegando a los acuerdos necesarios para frenar la crisis humanitaria, repararla en lo posible y presionar por decisiones políticas que nos permitan a los venezolanos recuperar nuestros proyectos de vida, hacer vivible el país y enfrentarnos al colapso del Estado petrolero.

Esas fuerzas que ha acumulado el Gobierno interino tienen que invertirse en el fortalecimiento de los partidos políticos, en sus mecanismos de lucha cercana con los venezolanos, en reinventarse en medio de la crisis humanitaria, conectados con el sufrimiento de los venezolanos, de manera creativa e innovadora.

Es el momento del pensamiento político, de los líderes políticos capaces de comprender la complejidad del sistema autoritario que los venezolanos, todos, permitimos que se consolidara, capaces de diseñar una estrategia inteligente, con las lógicas del poder político, sin temeridades, sin atajos ni pretensiones heroicas. Una estrategia que tenga el propósito grande de proteger la vida y los derechos básicos, y que inspire a todos los venezolanos para conquistar espacios de libertad con lo que tienen a la mano, sin esperar salidas mágicas, ni salvadores nacionales o extranjeros. 

¿Y el pensamiento jurídico necesario, conectado con la realidad? Ese crece y se fortalece de manera impresionante en el país y se prepara para acompañar los cambios políticos que implicará enfrentarse al colapso del petroestado y a las transformaciones de la era digital, para entrar al siglo XXI que nos espera luego de la regresión y encerrona histórica que ha significado el chavismo para los venezolanos.