A Venezuela podemos mirarla como una región, como un paisaje, o como un lugar; pero utilizar el término “territorio” para referirse a ella puede ayudar a comprenderla mejor. Los territorios tienen límites que definen el alcance de su soberanía, y aunque esos límites separan unos territorios de otros, a veces hay conflictos para establecerlos. Venezuela es un territorio con muchos problemas de delimitación, no solo en sus bordes internacionales, sino también internos, entre sus estados, municipios y parroquias.

Formalmente, la Venezuela actual es un territorio consolidado como una república federal, conformada por veintitrés estados, un Distrito Capital y las dependencias federales. Esos veintitrés estados están conformados por municipios y los municipios por parroquias, pero en muchas de esas regiones y localidades existe una problemática asociada al solapamiento entre ellas. Es decir, algunas se sobreponen generando delimitaciones incongruentes, lo que contradice la idea de que Venezuela está consolidada como territorio, como una obra terminada que ya culminó su evolución.

Los mapas básicos que bosquejan la división político territorial de Venezuela difícilmente muestran las sobreposiciones y, por el contrario, suelen dibujar a los estados y a los municipios como piezas perfectas y homogéneas que encajan con exactitud en el plano. Pero la realidad es muy diferente. Las razones por las que algunas unidades territoriales presentan conflictos a distintas escalas en la definición de sus linderos son variadas, y van desde el poco consenso institucional entre entidades federales al momento de redactar y cartografiar las gacetas que establecen sus límites, hasta la perturbación física de accidentes geográficos que sirven como puntos referenciales oficiales en la definición de dichos límites.

186 conflictos internos

Según información del documento División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela con Fines Estadísticos, emitido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 16 de los 23 estados de Venezuela presentan conflictos de delimitación con alguno de sus estados vecinos, lo que provoca un total de 19 conflictos interestatales. En el ámbito municipal hay 69 zonas en conflicto limítrofe, y en el parroquial, 98. 

De esos 186 conflictos limítrofes contabilizados, son los interestatales e intermunicipales los que tienen mayor complejidad, y es que solucionarlos implica, por lo general, que dos gobernaciones o dos alcaldías se pongan de acuerdo. Además, para los estándares actuales de la corroída institucionalidad venezolana, el Estado considera poco relevante esta problemática.

Además de esas 186 zonas con problemas de sobreposición de límites, también hay en Venezuela nueve áreas sin cobertura jurídica, a las que el propio INE les da la categoría de Zonas Sin Adjudicación a una Jurisdicción Territorial y las define como “aquellas cuyos límites no están definidos o es imprecisa su descripción en las respectivas Leyes de División Político Territoriales publicadas por los estados en sus Gacetas Oficiales”.

Las repercusiones de los conflictos internos

Los problemas de delimitación dentro de Venezuela pueden servir para medir cuán eficiente ha sido la república al manejar sus conflictos territoriales y proyectarse sobre temas álgidos como el problema Esequibo. Si la experticia institucional y la voluntad diplomática del Estado venezolano han sido insuficientes para solucionar disyuntivas internas de escala local, es difícil ser optimistas ante una disputa internacional que le dejaría al país la adhesión de recursos de diversa índole y cuyos orígenes son, incluso, anteriores a su consolidación republicana. 

El principal problema que tienen los centros poblados con límites conflictivos recae en los servicios públicos: suministro de agua, educación, sector salud, etcétera). En algunas zonas sucede que una alcaldía o una gobernación renuncia a sus competencias porque otro ente público las asumió. También ocurre que en un mismo centro poblado hay dos organismos de jurisdicciones distintas destinados a una misma competencia, como dos ambulatorios vecinos, dos estaciones de policía, o dos cuerpos de bomberos, y eso supone un uso ineficiente de recursos. Entonces, mientras en unos lugares sobran ambulancias y patrullas policiales, en otros no hay.

Los problemas de sobreposición territorial también provocan la localización indebida de algunas actividades. Por ejemplo, un billar ubicado frente a una escuela, o un galpón industrial ocupando zonas residenciales; todo ello a causa de las fricciones que suelen tener las alcaldías en conflicto.

Situaciones como las mencionadas se extienden por todo el territorio nacional. Un caso emblemático es el de Los Naranjos, localidad que está normada como capital de la parroquia José Nucete Sardi del municipio Alberto Adriani en Mérida y al mismo tiempo como capital de la parroquia Francisco Javier Pulgar, del municipio homónimo en Zulia. Allí las personas no saben si su gentilicio es zuliano o merideño. Lo mismo ocurre en localidades como Palma Sola, Buena Vista o Torrealba. que son parte del conflicto entre Aragua y Guárico, donde algunos habitantes se identifican como aragüeños y otros como guariquenses.

Los problemas de desarraigo son muy frecuentes en estas áreas. Yo mismo lo pude constatar en varios sectores del Sur del Lago de Maracaibo a finales del año 2019. Los habitantes de centros poblados apartados como Casa de Tablas (municipio Monte Carmelo, estado Trujillo) o San Pablo (municipio Escuque, estado Trujillo), al no contar con vías de comunicación terrestre directas a sus capitales municipales, tienen que dirigirse a otras entidades ajenas a la suya, como Arapuey, Caja Seca o Nueva Bolivia, para satisfacer algunas necesidades, efectuar intercambios comerciales y realizar actividades cotidianas en general. 

Casa de Tablas es un municipio trujillano, pero desarrolla el grueso de sus actividades en el estado Mérida, pues su principal vía de acceso y comunicación es a través del municipio Julio César Salas de la entidad andina. Por otra parte, la mayoría de los oriundos de San Pablo hacen vida en el municipio Monte Carmelo. En ambos casos la definición oficial de los linderos es difusa.

Conversar con las personas que viven en estos lugares resulta conmovedor, pues más allá de contratiempos como el no saber a qué ente gubernamental reclamarle por la ausencia de recolectores del aseo urbano, por la deficiente distribución de gas doméstico o por la casi permanente ausencia de agua potable, en sus testimonios se percibe el abandono generalizado al que están expuestos, que les niega derechos tan básicos como la posibilidad de un gentilicio definido y los somete a situaciones complejas.

Los micronacionalismos

Las disputas territoriales, por pequeñas que sean, traen consigo posturas institucionales o individuales, y las partes involucradas buscan “arrimarle la brasa a su sardina”, por lo que los árbitros siempre deben ser imparciales. La mayoría de las argumentaciones a favor del reclamo de un territorio se sustentan en hechos históricos y derechos ancestrales. Venezuela es un buen ejemplo de ello.

El zuliano Jorge Sánchez Meleán, miembro de la Academia de la Historia del estado Zulia, mantuvo siempre una posición férrea y radical con respecto a los conflictos territoriales de delimitación que ha tenido el Zulia a lo largo del tiempo. En un documento de su autoría, titulado A un siglo del Tratado de Palmarito, señala uno de los “grandes despojos” que, a su entender, ha sufrido la entidad: el Tratado de Palmarito, que consiste en la incorporación del Puerto de Palmarito al estado Mérida en 1904 por parte del poder ejecutivo, encabezado por Cipriano Castro.

En palabras de Sánchez Meleán, el tratado es ilegal porque “fue firmado como consecuencia de una imposición a ambos estados por el dictador Cipriano Castro, y los órganos constituidos en uno y otro estado no se expresaron de forma soberana y libre, es decir, el Zulia no opinó antes de firmarse el tratado y lo rechazó después”. Además, enfatiza que “en el texto del tratado queda de manifiesto su carácter provisional”.

En contraposición, el historiador ulandino Claudio Briceño Monzón destaca la influencia que tiene el atlas de Agustín Codazzi en los reclamos de los zulianos: “Yo creo que Codazzi fue impreciso al cartografiar una hegemonía zuliana en el Sur del Lago. La jurisdicción de Mérida en esa zona no se debe limitar solamente al corredor de Palmarito, pues es más amplia, yo diría que va desde el río Escalante hasta el río Pocó. Incluso Gibraltar fue fundada con vecinos de Mérida, no de Maracaibo; es un despropósito que Zulia quiera imponer unas pretensiones que se extienden hasta el puerto de La Ceiba –perteneciente al estado Trujillo– sobre la base de esos alegatos”. 

Además, sobre el carácter “provisional” que tiene el tratado, Briceño me dice: “La historiografía zuliana interpreta mal la provisionalidad del Tratado de Palmarito; el tratado es provisional porque Mérida exige más territorio y no solo el corredor de Palmarito, los justos títulos históricos así lo constatan. El corredor de Palmarito llegó a Mérida para quedarse y la cobertura territorial merideña sobre el Sur del Lago de Maracaibo debe ser mayor”.

Situaciones como esta ocurren en toda Venezuela, pero hasta ahora ha sido un problema al que ningún gobierno le dé la importancia que amerita, y los pocos asomos de posibles soluciones vienen casi siempre de la mano de un interés electoral, pues lo primero que se toma en cuenta es la tendencia política de la población que vive allí. Pareciera que los votos son el único beneficio que le interesa sacar a las instituciones gobernantes ante problemáticas de este tipo.

La desterritorialización como problema

La desterritorialización es el proceso en el que un espacio geográfico se ve desarticulado y disgregado hasta el punto en el que ni sus instituciones ni sus habitantes tienen la capacidad real de ejercer control sobre él. Dicho proceso tiene muchas caras y quienes enmarcamos a Venezuela en ese concepto tratamos de mirarlas todas en simultáneo. Una de las caras más representativas de la desterritorialización está asociada a sus dinámicas poblacionales, pues, así como el éxodo de millones de connacionales distorsiona al territorio en su conjunto, la conquista de nuevos ocupantes externos también lo hace.

Considerando el número de habitantes que viven en municipios con problemas de delimitación y en áreas sin adjudicación, puede decirse que alrededor de 1.901.348 habitantes se ven afectados de una u otra forma por esta realidad en toda Venezuela. 

Son casi dos millones de personas vulnerables no solo a problemas en los servicios públicos, incongruencias en los empadronamientos censales, o imprecisiones electorales, sino a vivir en áreas con limbos territoriales, propensas a ser ocupadas por cuerpos armados violadores de derechos humanos que, al encontrar poca solidez en el dominio territorial y ausencia por parte de las autoridades oficiales, “pescan en río revuelto” y, bajo la premisa de imponer “orden” donde hay desorden, extienden de facto sus operaciones, tal y como ocurre en algunas zonas fronterizas del país. 

Cuanto más organizado esté un territorio, menos vulnerable será ante amenazas externas, de allí que Venezuela deba resolver sus conflictos internos de delimitación entre estados, municipios y parroquias, así como terminar de definir linderos de áreas donde éstos sean etéreos o ambiguos, para contrarrestar riesgos.

Pese a que el Estado venezolano no ha sido el más eficiente en el manejo de conflictos limítrofes, cuenta con antecedentes efectivos de planificación territorial, como la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio de 1983, o la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (Cordiplan). Es por eso que, una vez superada la etapa dictatorial e inconstitucional actual, el Estado democrático que venga deberá mirarse a sí mismo y revisar su pasado republicano reciente para blindarse ante esta problemática y evitar reincidir en viejos errores que derivaron en los actuales procesos de desterritorialización inminente.