Como coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui le ha dedicado una vida al análisis, registro, difusión y denuncia de las dinámicas de disrupción de los derechos humanos, en particular los económicos, sociales y culturales. Provea fue fundada el 15 de octubre de 1988 con la finalidad de crear programas de capacitación para activistas de derechos humanos en todo el país, y hoy es una organización autónoma fundamental para entender el declive de la democracia en Venezuela. 

Hoy, tanto Rafael como Provea evalúan la emergencia de salud como una nueva capa de gravedad de la emergencia humanitaria compleja que ha erosionado la institucionalidad pública y afectado gravemente la cotidianidad del venezolano, dentro y fuera del país. 

En el marco de la llegada de coronavirus a Venezuela, Maduro ha desplegado medidas que no se justifican por la lógica de la prevención del contagio, sino por la necesidad de mostrar control. ¿Cómo piensas que ha sido la dinámica para enfrentar la pandemia?

Con la llegada de la pandemia a Venezuela se ha privilegiado una respuesta de naturaleza militar sobre un tipo de abordaje que priorice lo médico, lo técnico y lo científico. Un ejemplo de ello es la ausencia en la vocería oficial de Carlos Alvarado, ministro de salud. Se mantiene la militarización de los territorios para controlar a la población, como se ha visto en algunos sectores populares, y se incorpora la actuación de los grupos armados, como es el caso del toque de queda en el 23 de Enero. Con esto se pretende invisibilizar el descontento e imponer un mensaje único: la pandemia está bajo control. La OMS recomienda como una prioridad la coordinación entre sectores, pero en Venezuela la respuesta de naturaleza militar ha puesto de lado los aportes de otras autoridades como la Asamblea Nacional, actores humanitarios independientes, organizaciones de derechos humanos y buena parte del empresariado que puede aportar recursos necesarios en esta emergencia. Además, se está intentando erosionar la articulación política y se continúa persiguiendo a la disidencia.

¿Cuáles son los patrones de abuso institucional en el marco de la pandemia?

En Provea hemos hecho un balance del primer mes del estado de alarma y de 34 detenciones arbitrarias que hemos registrado, 10 de ellas son de profesionales de medios de comunicación. En el patrón de amenaza y hostigamiento hemos detectado 31 casos, de los cuales 22 son de comunicadores sociales. Otra situación ha sido la persecución contra médicos y otros profesionales de la medicina que intentan decir que los recintos hospitalarios no cuentan con los insumos a pesar de haber sido designados como centros centinelas. Uno de los casos emblemáticos es la detención en Maturín del doctor Julio Molina, de 72 años, quien junto con Carlos Cardona y Marlí Mendoza denunció que el hospital Núñez Tovar no tenía los suficientes recursos para atender la emergencia. Molina fue detenido e imputado por varios delitos, entre ellos incitación al pánico, zozobra de la comunidad, agavillamiento e incitación al odio, según una ley contra el odio que es ambigua y arbitraria. Actualmente está obligado a realizar un régimen de presentación. También nos generan preocupación las detenciones del equipo de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional. En las cinco detenciones políticas que hemos registrado durante este mes, hay una que nos pareció muy significativa por el patrón de actuación que refleja: el caso de Andrea Bianchi, la pareja de Rafael Rico, un miembro del equipo de Guaidó. Ella no es política ni activista, y sin embargo fue detenida arbitrariamente y víctima de desaparición forzada, privada de libertad en plena vía pública por sujetos armados sin identificación, para forzar que su pareja se entregue a las autoridades.

¿Cómo se llama eso entonces?

Esta actuación la hemos catalogado como terrorismo de Estado, y no es el primer caso en el que familiares de líderes sociales son detenidos, golpeados o amenazados para intentar doblegar a las personas de la oposición democrática. Hay que agregar la dificultad de corroborar la información. Hay un interés importante por impedir que la ciudadanía se pueda informar de la mejor manera sobre cuál es la situación real de la pandemia, ignorando que el derecho a la salud y el derecho a la información están ligados. También se evita la movilización de personas que no pueden mantener cuarentena debido a múltiples razones. Gracias a la reclusión generalizada, se ha constituido un momento de orfandad y de mayor posibilidad de ataques indiscriminados y amenazas, para evitar una Venezuela pospandemia que pueda revertir la actual situación de autoritarismo. 

¿Qué pasaría si estas medidas de control social permanecen?

La cuarentena, como la vivimos ahora los venezolanos, representa un nivel soñado de control de parte del chavismo en el poder. Es un paso más allá en la fragmentación de los venezolanos. El mismo hecho de que estamos recluidos permanentemente en el espacio privado y no en el público, que es donde se construye ciudadanía, es de suma importancia en un contexto como el venezolano. La cuarentena se ha llevado de una forma que implica la estatización máxima de la vida cotidiana y el aumento de la dependencia de los apoyos estatales. Muchos de estos elementos llevan mucho tiempo sucediendo, como que los militares protagonicen la respuesta, lo cual hace poco por apoyar al sistema público hospitalario. No es una respuesta democrática, inclusiva, como en otros países con medidas de confinamiento. Y eso pone a Venezuela en una peor posición. 

Se ha querido construir una narrativa, probablemente desde China, que plantea que  los estados autoritarios tienen más herramientas sociales, tecnológicas, de monitoreo y de imposición de reglas para enfrentar una pandemia que los estados democráticos. 

Creo que el modelo chino se basa en invisibilidad la información y en el control de lo que se comunica, una de las razones por las cuales la pandemia ha tenido la expansión que ha tenido. Son los países con contraloría social, independencia de poderes y participación de todos los sectores los que están en mejores condiciones para abordar la situación. En este sentido, más allá del manejo actual del virus, hay que pensar en la Venezuela que tendremos después de la pandemia: ¿cómo va a impactar esto la economía, la situación de los trabajadores, los procesos educativos? ¿Cuáles serán las consecuencias sociales, políticas y culturales del proceso? ¿Cómo podemos convertir esta situación en algo positivo en el que todos podamos vivir con dignidad humana? 

¿Crees que la alianza opositora ha podido o podría hacer más?

Todos los venezolanos estamos aprendiendo amargamente cómo enfrentar un gobierno no democrático. En ese sentido, toda la sociedad, incluyendo el liderazgo social y político, hemos visibilizado, movilizado y denunciado toda esta situación. Esto no es suficiente, y nos sigue desafiando como sociedad. Sin embargo, la alianza opositora democrática tiene que construir una narrativa de futuro, esperanza e inclusión que no sea solamente intentar capitalizar el descontento hacia el gobierno bolivariano. Hay que seguir reforzando un discurso que hable de los problemas de la gente. Conocemos las limitaciones de la Asamblea Nacional y del resto del liderazgo político, pero es importante que la gente se sienta acompañada, lo cual implica hacer política en sentido amplio: estar con la gente en el mismo lugar donde las personas están padeciendo. Con la cuarentena esto es muy dificil, pero igual creo que hay que reforzar un movimiento social que se transforme en votos, no al revés, como un movimiento político que devenga en movimiento social. Hay que reforzar los gremios, la sociedad civil, las luchas, las reivindicaciones. El gobierno de Maduro juega a la fragmentación de la sociedad democrática y, tomando eso en cuenta, tenemos que enfrentar esa política de la forma más democrática y participativa posible. 

Todo esto pasa mientras estamos cumpliendo tres años de la ola de protestas de 2017, que entonces considerabas una rebelión popular. Si trazamos un arco, la trayectoria del país en materia de derechos humanos desde aquellas protestas hasta este confinamiento nacional, ¿cómo es ese arco, cuándo descendimos en el disfrute de nuestros derechos fundamentales?

Cuando en 2016 se suspenden de manera irregular los procesos electorales pendientes, para Provea era evidencia de que no se iban a volver a convocar elecciones a menos que el gobierno de Maduro consiguiera una fórmula para ganarlas siendo minoría, es decir mediante un fraude electoral o la vulneración del voto. Después de mucha reflexión decidimos catalogar al gobierno de Maduro como una dictadura moderna, tomando al gobierno de Fujimori como precedente, es decir no se había llegado al poder mediante un golpe militar, pero se habían usado los mecanismos de la democracia para debilitar el sistema. A partir del 2016 empieza el período más grave en cuanto al disfrute de derechos humanos, porque el gobierno tomó una serie de decisiones que resultaron en que muchos funcionarios que habían acompañado el chavismo se deslindaran. Esto generó las movilizaciones de 2017. Todo esto nos ha traído a una situación de mucha precariedad institucional, emergencia humanitaria compleja, aumento de la pobreza, crisis migratoria y enfrentándonos a una emergencia de salud dentro de una emergencia de estado.