Poco se habla ya de los 316 presos políticos contabilizados por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón o de los 246, si se toma como referencia el conteo del Foro Penal. Basta un ejemplo: no ha pasado ni un mes de la sentencia a los diecisiete presos políticos acusados por el magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018 y ya no se habla ni del caso ni de los acusados. Tampoco es que se habló mucho de ellos durante los cuatro días, noches y madrugadas del juicio. Por el contrario, en Venezuela se habló más de un compromiso de boda y del precio de las entradas de un concierto, incluso mucho más que de la huelga de los maestros.

Cinco8 conversó con los abogados Lilia Camejo, especialista en justicia penal militar, y Joel García, especialista en la defensa de los derechos humanos.

¿Olvidamos que hay presos políticos en Venezuela, lo normalizamos, o no sabemos que los hay?

LC: En general, hay desinterés en la sociedad civil y si te vas al interior del país, hay cantidad de gente que no tiene ni idea de que aquí hay presos políticos. Quizás porque cada quien anda resolviendo sus problemas o, en el caso de los partidos políticos, ocupados con las próximas elecciones. Pero no ocurre así en los medios de comunicación ni en las ONG, ni entre los abogados, que siempre estamos denunciando y tratando de mantener el interés, porque detrás de un preso, hay una gran tragedia familiar. Queda presa la familia entera.

JG: Yo creo que no es olvido. Primero, el venezolano tiene poco conocimiento de qué son los derechos humanos. También, normalizar lo anormal nos lleva a la falta de empatía y no entendemos que cuando se le viola los derechos humanos a uno, se les viola a todos, porque todos podemos ser víctimas de esas violaciones en cualquier momento. Todos estamos expuestos y en libertad condicional. Incluso hay abogados que dicen “ya estamos acostumbrados a que se violen los derechos humanos”. Cuando el ciudadano es detenido como preso político es una noticia más, algo normal al cabo de veintitrés años con este sistema de gobierno. Hasta que al ciudadano o a alguien muy cercano le vulneran alguno de sus derechos humanos, no se entera de qué pasa ni de que el Estado, que está obligado a garantizar estos derechos, es quien los viola.

LC: Hay algo de desinformación. Los militares son uno de los grupos más vulnerables, porque por cualquier razón pueden ser detenidos y ver afectada su carrera, aunque hayan dedicado sus vidas a la fuerza armada… A muchos los han desvinculado de la fuerza armada sin que haya una sentencia condenatoria y quedan sin salarios…

En el caso de los presos políticos militares, el desinterés pareciera estar asociado al “bien hecho que les pasó porque son militares, porque son unos vendidos, porque no han hecho nada”…

LC: Puede ser. La gente piensa que todos los militares presos por razones políticas están en cargos importantes, bien económicamente, que tienen acceso a todo, y eso no es cierto. Los militares detenidos se han quedado solos, sus familias desprotegidas, casi nadie aboga por ellos.

¿Cuáles son los abusos característicos hacia ellos, sean militares o civiles?

JG: Para que los persigan y los aíslen del mundo basta con que sean incómodos para que los incriminen. Policías, fiscales y jueces son cómplices. Están obligados a seguir lo que les pide el Ministerio Público, que a su vez sigue lo que los órganos policiales ya establecieron como una verdad. Esto ocurre a todos, políticos, famosos o no. Y no hay una corte de apelación, una defensoría del pueblo, una dirección de derechos humanos que funcionen. Soy testigo de miles de violaciones de derechos humanos de jueces y fiscales que toman nota o fingen que lo hacen y hasta ahí llegan, porque no tenemos institucionalidad que respalde a los vulnerados.

LC: En el caso de los presos militares, hemos visto diferentes patrones de persecución. Por ejemplo, se persigue más a los primeros de sus promociones y a los funcionarios de los cuerpos especiales de los cuatro componentes. Otra irregularidad: así como los militares tienen que ser juzgados en la justicia militar y excepcionalmente en la justicia ordinaria, los civiles no pueden ser juzgados en tribunales militares, cosa que venimos denunciando desde 2017, cuando fueron juzgados en la justicia penal militar más de setecientos civiles. También hemos visto que se empezó a utilizar la jurisdicción especial de terrorismo para también juzgar a oficiales activos de la fuerza armada cuando, en muchos casos, este delito no aplica, como tampoco aplica el de asociación para delinquir, porque ninguno está establecido en el código de justicia militar. Igual que en casos de la justicia ordinaria, hay procesos cuyos hechos no están relatados por las fiscalías. Los funcionarios que practican las detenciones y levantan las actas y luego son denunciados por los detenidos son los mismos que terminan siendo promovidos. Además de todo esto, como en Venezuela hay solo una cárcel militar (Ramo Verde) y dos anexos militares (La Pica y Santa Ana), hay privados de libertad que estaban en Caracas y los mandaron a Monagas o a Táchira, y eso es una tragedia, porque la familia y la defensa no siempre tienen los recursos movilizarse hasta allá.

Ninguno habla de las torturas…

LC: Los militares son torturados mucho más que los civiles. Muchos de ellos han llegado brutalmente torturados a las audiencias de presentación y los funcionarios nos dicen que lo debemos denunciar ante la fiscalía de derechos fundamentales en la defensoría del pueblo, cuando la ley contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes establece que cualquier funcionario público que esté enterado de cualquier hecho como estos, está en la obligación de ordenar la apertura de esa investigación.

¿A los presos civiles “famosos” se les tortura menos que a los que no lo son?

JG: Sí hay diferencia cuando el detenido tiene cierta notoriedad, cuando lo respalda un partido político o es una figura pública, porque el gobierno siempre le ha temido a lo público. En el caso del magnicidio frustrado todo se hizo violentando las reglas mínimas de actuación policial, muchas personas fueron torturadas y casi pierden la vida. Los jueces y los fiscales lo saben, incluso hay fiscales que estuvieron presentes en estas torturas. Lo que le pasó a mi defendido muchos lo saben, pero pocos saben del caso de la muchacha que ahora está en silla de ruedas. Yo vi cómo la juez, ya en fase de juicio, hizo caso omiso de las denuncias de torturas, se burló de ella cuando solicitó ir al médico.

¿El olvido del preso político también tiene que ver con el abogado que lo defiende?

JG: Por supuesto, porque quien conoce verdaderamente el proceso es el preso, su familia y su defensa. Si el familiar o el abogado no es capaz de elevar las denuncias, no se sabe del caso.

¿Hay algo que se esté haciendo bien?

LC: Fíjate que sí. Hay que reconocer que hay cosas que han mejorado: cuando se han solicitado traslados por salud, hay jueces que han llamado a los directores de los centros de detención para que se hagan; permitieron los días de visita y las visitas de los abogados. Los mismos familiares han dicho que les permiten llevar alimentos. Alguien dirá que eso es lo que tiene que suceder siempre y es cierto, es el deber, pero como no se estaba dando en mucho tiempo, es algo y para el que está adentro es mucho. De resto, sufrimos los procesos y las decisiones como en la justicia ordinaria, que no están ajustadas al derecho, aunque suelen ser más graves, porque quien encabeza la justicia penal militar es el presidente de la república, luego está el ministro de la defensa y ambos cargos pertenecen al poder ejecutivo, así que no hay independencia del poder judicial por la misma conformación que establece el código orgánico de justicia militar.

¿De dónde salieron estas mejoras?

LC: Quizás haya sido por los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet, por los de la Misión de Determinación de los Hechos, por presión o porque ya ellos saben que la justicia penal internacional no es un cuento lejano.

Tantos presos políticos y tan pocos abogados, ¿por qué?

JG: Porque estas defensas, en su gran mayoría, son ad honorem, por vocación. En mi caso, por convicción de que algo tengo que aportar…

LC: La justicia penal militar es relativamente nueva tras el incremento de detención de oficiales que empezamos a ver desde 2017. Antes era una jurisdicción de casos como deserción, sustracción de efectos pertenecientes a la fuerza armada, manejaba casos de delito militar.

¿No hay abogados por miedo?

JG: Hay quienes no agarran un caso de estos porque dicen que le puede repercutir en otros de sus casos, en su seguridad personal o la de sus familiares. Otros se limitan a dar a conocer la cantidad de presos políticos, y hay otros que se dedican a hablar de jurisprudencia, doctrina, del deber ser, como si en Venezuela existiese un estado de derecho perfecto.

Cuando uno habla de estos temas, a veces la sensación que queda es que se está arando en el mar…

JG: Yo no lo veo así. Hay que intentarlo. Cada vez que un juez o un fiscal me niega un derecho, se está comprometiendo a ser juzgado, porque yo tengo plena convicción de que esto no va a ser eterno.

LC: Hay que apelar, meter amparo, solicitar revocamiento, denunciar y volver a denunciar, agotar todos los recursos internos y de la jurisdicción internacional, porque hay que documentar. Llegará el momento de las negociaciones, como ya ha pasado; en 2016 liberaron varios presos políticos de la Casa Amarilla y los jueces ni sabían, en 2020 también hubo indultos. Cuando llegue el momento, analizarán qué hicimos los abogados y se tomarán decisiones.