Resulta claro por qué la oposición venezolana —que intenta asegurar las condiciones para una transición democrática en el país— querría incluir una agenda de derechos humanos en las negociaciones que mantiene actualmente con representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la implementación de reformas fundamentales también debería ser del mayor interés para los aliados de Maduro, quienes han dado señales claras de que les preocupa seriamente una posible investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Si no se llevan a cabo investigaciones sólidas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad penal de los máximos responsables de los aberrantes abusos cometidos en el país, la CPI, que cumple una función crucial como tribunal de última instancia y se rige por el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es Estado Parte, podría iniciar una investigación formal. Y, sobre la base de evidencias que lo justifiquen, la corte podría dictar órdenes de detención contra quienes considere son los principales implicados en estos delitos.

Human Rights Watch ha documentado la brutal arremetida contra opositores del gobierno de Maduro. Agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno han cometido gravísimos abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la CPI concluyeron en 2020 que existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad.

Las autoridades venezolanas hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país. Esta emergencia ha privado a millones de venezolanos de la posibilidad de obtener atención médica básica y nutrición adecuada, y ha dejado al país en una situación desastrosa para enfrentar la pandemia de covid-19. Más de 5,6 millones de venezolanos han huido del país, generando la mayor crisis migratoria de América Latina.

La situación en Venezuela ha sido objeto de examen preliminar por la Fiscalía de la CPI desde febrero de 2018. A mediados de junio de 2021, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que la fiscalía había concluido su examen preliminar, pero no publicó sus conclusiones. En una decisión con fecha del 14 de junio, que no se dio a conocer hasta que Bensouda dejó la fiscalía, la sala de cuestiones preliminares desestimó un recurso presentado por Venezuela (es decir, la representación del gobierno de Maduro ante la Corte) solicitando que la CPI revisara el examen realizado por la fiscal. Venezuela alegó que, para dicho examen, no se habían considerado debidamente sus perspectivas.

Para determinar si corresponde llevar adelante una investigación formal, el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, debería analizar si ya existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes sobre posibles casos que podrían ser incluidos en una investigación de la CPI. Como tribunal de última instancia, la CPI no podría intervenir si Venezuela efectivamente estuviera impulsando investigaciones genuinas.

Sobre la base de nuestro trabajo de documentación, hemos concluido que no existen tales investigaciones: a pesar de existir pruebas contundentes, las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los abusos generalizados. Por ende, la impunidad por las violaciones de derechos humanos es la norma en el país.

La impunidad ha imperado porque el gobierno de Maduro ha desmantelado por completo el Estado de derecho, y no bastarán medidas superficiales para reinstaurarlo. Para restablecer el Estado de derecho, sería necesario que el gobierno de Maduro se comprometiera a adoptar una extensa lista de medidas durante las negociaciones. Estas medidas incluyen terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y permitir que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país. 

Un requisito indispensable, que debería ser un eje central de las negociaciones, es que se lleve a cabo una reforma profunda del sistema judicial politizado en Venezuela, el cual se ha transformado en un apéndice del poder ejecutivo.

Un paso importante para ello sería crear una comisión independiente que pueda formular propuestas concretas y trabajar con las autoridades relevantes para, como mínimo, crear un mecanismo para nombrar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso de selección abierto y transparente que cuente con el mayor grado posible de consenso político. 

A su vez, la comisión debería colaborar con las autoridades pertinentes para asegurar que estas deroguen disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permiten que los legisladores puedan destituir a magistrados por mayoría simple de votos. También debería asegurarse de que los jueces inferiores ocupen cargos permanentes con garantías de inamovilidad. Para crear dicha comisión, las autoridades deberían trabajar con expertos venezolanos e internacionales, representantes de organizaciones de la sociedad civil con experticia en sistemas judiciales y la oposición.

Asimismo, los representantes de Maduro deberían asumir el compromiso de garantizar que el Ministerio Público se abstenga de fabricar y presentar cargos que obedecen a motivaciones políticas contra críticos, opositores políticos y defensores de derechos humanos. El Ministerio Público también debería retirar todos los cargos contra quienes hayan sido procesados por cuestionar las acciones o políticas del gobierno, y poner fin a los procesos que respondan a motivaciones políticas. 

Sin embargo, terminar con la represión feroz contra los opositores, si bien sería un paso fundamental, no sería suficiente. El Ministerio Público también debería investigar de manera oportuna y exhaustiva todos los señalamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y grupos armados partidarios del gobierno desde 2014, lo cual incluye los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y procesos penales arbitrarios, torturas y maltrato, y desapariciones forzadas. 

El Ministerio Público debería permitir que las víctimas y sus abogados tuvieran pleno acceso a los expedientes judiciales, para proteger el derecho de las víctimas a la justicia y que puedan monitorear las investigaciones en curso. Las investigaciones deberían examinar exhaustivamente la posible responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de funcionarios de alto rango que sabían o deberían haber sabido lo que estaba ocurriendo.

Sin un esfuerzo genuino para que los venezolanos vuelvan a tener el poder judicial independiente que merecen, las víctimas nunca tendrán acceso a una justicia auténtica en su país. 

Ahora que los representantes de Maduro se sentaron a negociar en México este fin de semana, deben recordar que los esfuerzos para que se haga justicia por los crímenes más graves contra los derechos humanos perseguirán a los responsables, dondequiera que vayan. Los negociadores deben preguntarse quiénes responderán por los abusos aberrantes del régimen de Maduro, dónde, cómo y cuándo.