Para que un país sea incorporado en la agenda geopolítica mundial (la de las potencias, pero también la de sus propios vecinos) tiene que desempeñarse muy bien o muy mal. O sobresale en crecimiento económico y desarrollo humano y se comienzan a atraer capitales, turismo e inversiones, o cobra relevancia porque, voluntariamente o no, aporta inestabilidad a su región o al mundo.

Ucrania entró en la agenda mundial por haber sido invadida. China lo hizo hace tiempo, principalmente por el aumento exponencial de sus capacidades comerciales. Ambos países son prioridad en la agenda exterior de las potencias. Ucrania, incluso, en Naciones Unidas.   

Pero, ¿qué pasa cuando un país ni sobresale ni reprueba? Existe una posición intermedia para aquellos países que no llaman la atención de sus pares ni por las buenas ni por las malas: la irrelevancia. Un punto en el que los países quedan fuera de la agenda geopolítica. No se trata de insignificancia, ni de que sus destinos no importen, sino de dejar de ser prioridad en la lista de asuntos por atender que nuestro mundo tiene. 

La frontera de Venezuela con Colombia, su tamaño, conflictividad y potencial comercial bilateral, es un elemento estructural que mantiene a Venezuela en las prioridades internacionales de ese vecino. Otros elementos coyunturales, como la pasada visita de observación electoral de la Unión Europea, el suspenso en torno a las conversaciones de México y el horizonte electoral de 2024, transmiten a los actores externos involucrados una especie de inercia expectante respecto de los eventuales resultados de esos procesos. Pasado ese horizonte temporal, reevaluarán la importancia de Venezuela en sus agendas. ¿Qué prioridad le darán al país? ¿Se dirige Venezuela a la irrelevancia?   

Existen variables concretas para evaluar la relevancia de países y regiones. Pueden ganarse o perderse posiciones en proporción de la población mundial, peso estratégico, volumen comercial, proyección militar y capacidad diplomática. Parafraseando a Andrés Malamud y Luis L. Schenoni, los actores políticos deben partir del diagnóstico de estos indicadores y, en función del resultado, actuar y transmitir un “realismo esperanzado”. Es decir, las variables estructurales que estén en negativo, hay que saber compensarlas con liderazgo. 

Acá no las examinaremos todas, pero las siguientes podrían ofrecer una idea de la capacidad actual de Venezuela para hacerse notar y entrar en las prioridades de vecinos y potencias.

Un movimiento poblacional que se estabiliza

Es una variable estructural que tiene una relación directa con el poderío económico y militar de los países. Por tanto, puede determinar su relevancia, bien en términos de amenaza (desplazamientos, crisis migratorias) o bien como atractivo u oportunidad (un nuevo mercado para invertir y trabajar). 

La crisis política y económica que persiste en el país ha provocado un éxodo de seis millones de venezolanos. En este sentido, Venezuela ha perdido población, mercado, talento y mano de obra. No obstante, los flujos migratorios venezolanos han perdido intensidad. Por ejemplo: según datos de Naciones Unidas, en 2015 la población venezolana en Colombia era de unas 55.000 personas y, en 2020, aumentó exponencialmente a 1,7 millones. Sin embargo, en 2022 solo alcanzó los 1,8 millones. La amenaza migratoria ha perdido fuerza.  

Una economía menos catastrófica

La población y sus capacidades se reflejan en la economía. La magnitud del comercio internacional de un país, es otro indicador estructural de relevancia. Hasta el 2020, Venezuela acumulaba siete años de decrecimiento continuo en sus exportaciones, que se redujeron unos 94.000 millones de dólares, bajando de 99.000 millones de dólares en 2013 a 4,2 millardos en 2020. Con las importaciones ha ocurrido lo mismo. Hasta 2020, estas se contrajeron unos 39 mil millones de dólares, bajando desde 45 mil millones en 2013 a solo 5,8 mil millones en el año referido. Este año se prevé que la economía venezolana crezca, pero lo hará a partir de una base un 75 por ciento más pequeña que en 2013. 

No obstante, el efecto de las remesas y, a partir de 2017, un efecto indirecto de las sanciones internacionales han conducido, contraintuitivamente, a cierta recuperación de las importaciones de bienes humanitarios (alimentos y medicamentos) y a que algunos expertos señalen mejoras, aunque incipientes, en índices de pobreza, vulnerabilidad social y salarios. A esto se suma que el gobierno venezolano ha permitido el uso del dólar como moneda corriente y ha suspendido los controles de precios y el racionamiento de productos. ¿Es suficiente?

¿Venezuela se ha vuelto segura y atractiva para capitales e inversores? No, pero esta pequeña recuperación resta intensidad al peligro humanitario.

El retiro de la plaza diplomática 

Esta variable mide la capacidad ofensiva o asertiva de los países o regiones en términos diplomáticos. Pero veamos. Producto de la crisis, Venezuela se ha retrasado en el pago de sus cuotas de afiliación en relevantes organismos multilaterales como la propia ONU. Esto le ha privado de ejercer el derecho a voto en diversas oportunidades. En el diferendo territorial con Guyana no pudo influir y, frente a la demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, apenas ha actuado. 

Venezuela fue excluida este año de la Cumbre de las Américas, hace unos años abandonó la Comunidad Andina de Naciones y permanece suspendida del Mercosur. Habrá que ver si una eventual victoria en Brasil de Lula Da Silva cambia en algo esta ecuación de aislamiento. 

Las instancias de integración regional promovidas por Venezuela como el ALBA o la Unasur, desaparecieron porque no eran proyectos de integración propiamente dichos. La idea no fue abrir fronteras e intercambiar libremente bienes y personas, sino fomentar mecanismos de solidaridad entre Ejecutivos identificados ideológicamente. En líneas generales, Venezuela tiene uno de los gobiernos de la región más reacios a ceder cuotas de soberanía a estructuras superiores de gobierno regional. Y en esto coincide con varios vecinos. Dentro de esta lógica, la noción de soberanía es más importante que la de Derechos Humanos.

Venezuela, sin embargo, desea recuperar la capacidad de influir en países del Caribe mediante Petrocaribe. Recientemente, el Gobierno anunció la condonación de la deuda de San Vicente y las Granadinas y de otros actores del pacto, y se atrevió de nuevo a ofrecer combustible con un 35 por ciento de descuento. Petrocaribe había servido al gobierno de Hugo Chávez para influenciar los votos de estos países en organismos internacionales cuando Venezuela era objeto de discusión.

Además, al tercer día de ganar las elecciones en Colombia, Gustavo Petro anunció la apertura de la frontera con Venezuela y el restablecimiento del “pleno ejercicio de los derechos humanos” en ella. Queda por ver si, en la recuperación paulatina de relaciones, su acento será el desentendimiento de López Obrador, el Maduro “ha hecho mucho” de Alberto Fernández o el reconocimiento del “retroceso en las condiciones democráticas” de Venezuela de Gabriel Boric. Lo ideal es una reapertura fronteriza condicionada, negociada y escalada. En todo caso, tanto el gesto de Petro como el de Maduro con Petrocaribe apuntan a reducir la percepción de Venezuela como peligro.

La posibilidad del petróleo

Antes de la guerra en Ucrania, México y Venezuela se estaban haciendo energéticamente prescindibles para EEUU. En efecto, en 2020, un 48 por ciento del petróleo venezolano tuvo que ser exportado a la India. Una cuota de mercado que otrora habría sido cubierta por los EEUU.  

En cierto sentido, el conflicto ucraniano ha modificado esa premisa. EEUU ha vuelto a pensar en Venezuela como un posible suplidor de energía para Europa. Sin embargo, hasta ahora Venezuela solo ha sido autorizada a exportar petróleo a Estados Unidos y a la Unión para compensar deuda. 

Asimismo, la capacidad de producir petróleo de Venezuela es menor al millón de barriles diarios. Aumentar esta capacidad requiere inversiones y tiempo. Habrá que ver si para el momento en que la capacidad de producir petróleo de Venezuela aumente, la demanda europea habrá podido ser satisfecha con producción propia de energías limpias u otros proveedores de gas y petróleo o una vuelta coyuntural al carbón.

La dictadura discreta

Venezuela se hizo notar a partir de 2017 por la represión a las protestas masivas, la hiperinflación y la inestabilidad que sus flujos migratorios aportaron a la región. Se pusieron los focos sobre el país y diversos actores internacionales coordinaron esfuerzos diplomáticos y canalizaron ayuda humanitaria para ayudar a resolver la crisis.

Nuestra hipótesis es que, a partir de las reacciones internacionales, el gobierno venezolano aprendió que la mejor fórmula para estabilizarse en el poder es volverse irrelevante. Salir de los focos internacionales. 

Es decir, ni ser parte del problema, ni ser parte de la solución. Exacerbar los problemas hace que los actores políticos externos se movilicen y presionen: el gobierno recibe sanciones, peticiones de reanudación de las conversaciones de México, la CPI hace esfuerzos independientes por esclarecer si se han cometido crímenes de lesa humanidad y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU se instala en el país e investiga. Por otro lado, tampoco conviene ofrecer verdaderas soluciones: si la tímida liberalización de la economía se convirtiese en reforma estructural, podría acostumbrar a los ciudadanos a los beneficios del Estado de derecho y la seguridad jurídica y empujarlos a pedir más libertades, mayor justicia social y mayor control ciudadano. En ambos escenarios hay algo del germen democratizador y el gobierno perdería el control indefinido e ilimitado del poder.    

El escenario ideal para garantizar la estabilidad del régimen político sería entonces mantener un desempeño mediocre como el analizado arriba en cada variable. Un escenario en el cual se ha perdido el atractivo para conquistar inversiones y atraer talento, pero al mismo tiempo se ha dejado de ser lo suficientemente molesto como para llamar la atención de actores externos, sobre problemas internos. El peor de los escenarios, porque borra el sentido de urgencia de la necesidad de cambio y provoca reacciones de desentendimiento, como la de AMLO, o de percepción de mejora, como la de Alberto Fernández.  

La oposición normalizadora

Lamentablemente, la oposición política ha contribuido a estabilizar el sistema. Luego de intentar derrocar violentamente al gobierno, mermó su legitimidad, se fragmentó de nuevo y, por consiguiente, perdió capacidad de convocatoria. Actualmente no hay protestas masivas y coordinadas para expresar descontento y pedir soluciones y, por consiguiente, tampoco existen dilemas para el régimen constituido sobre cómo abordar ese descontento. Eventos como la reciente detención arbitraria de los jóvenes de Chacao que pacíficamente rendían homenaje a Neomar Lander no generaron secuelas.

Hace poco, Margarita López Maya explicaba la dosis que la oposición había puesto en la creación del actual statu quo, cuya causa, según ella, sería la creación de intereses (principalmente económicos) en torno a su propia existencia. Asimismo, dudaba de la capacidad de la oposición para deponer sus ambiciones personales y alcanzar el consenso en torno a los elementos claves de su dirección.

¿Puede en este contexto Venezuela volver a ganar puntos en la escala de asuntos prioritarios de otros países y potencias? ¿Y podríamos manejar asertivamente el cambio de actores políticos en la región, la falta de consensos democráticos y la inestabilidad de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú? 

Dado que los factores estructurales como la geografía, la dependencia económica de las importaciones o la demografía no van a cambiar, y no es previsible que el gobierno cese sus esfuerzos por conquistar la irrelevancia y evadir así presiones externas indeseables, las oportunidades de volver a ser prioridad están en el liderazgo. Concreta y principalmente, en el esfuerzo coherente de la oposición por recuperar su capacidad de agencia.

La oposición debe comprometerse explícita e indubitablemente con la recuperación de su legitimidad y su capacidad de convocatoria e interlocución.

¿Y para qué querríamos que Venezuela vuelva a ser prioridad en las agendas internacionales? Para contribuir con su redemocratización. La oposición sigue teniendo la gran tarea de convencer a los factores más flexibles del régimen, a los ciudadanos y a los actores externos de que, junto a ella (y no exclusivamente con ella), Venezuela puede volver a ser parte de la solución. De que, en democracia, y con grandes dosis de educación y esfuerzo basado en igualdad de oportunidades, Venezuela devolverá a la región una tierra fértil para innovar, producir y crecer.

Y no basta con prometer un cambio de actores políticos. Hay que demostrar la capacidad y el deseo honesto de construir el más amplio consenso posible para cambiar el sistema, independientemente de los actores que compitan y aspiren. Un sistema con elecciones limpias, sí. Pero además con Estado de Derecho, contrapesos, amplias competencias y participación y, sobre todo, mucha libertad y mucha igualdad. De esta última nos falta una dosis gigante para que como país seamos parte de la solución y, recuperemos, de verdad, la relevancia.